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¿Cómo queda Venezuela en el regreso de las compañías petroleras extranjeras?

by Noticias al Despertar

Un tribunal de Estados Unidos aprobó el 19 de enero que 17 acreedores de Venezuela obtengan ganancias de la próxima subasta de las acciones de la refinerí Citgo Petroleum, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), con sede en Houston.

De acuerdo a lo reseñado, la lista (que incluye a ConocoPhillips, Rusoro Mining y Koch Industries) reduce el alcance de las reclamaciones a 20.800 millones de dólares de los 24 mil millones solicitados por los acreedores en anteriores demandas. La razón del fallo es la exclusión, por parte de un funcionario judicial, laudos arbitrales y sentencias que no cumplieron el tiempo solicitado pro la Corte.

“Los acreedores han acudido en masa a un tribunal estadounidense en Delaware para presentar reclamaciones que casi duplican el valor de Citgo entre 11.000 y 13.000 millones de dólares. La refinería con sede en Houston (Pdvsac.UL) opera una red de refinación de 807.000 barriles por día, 38 terminales, seis oleoductos y abastece a 4.200 minoristas independientes”, detalla el medio inglés.

Las primeras ofertas por las acciones de la compañía cerrarán este lunes 22 de enero, mientras que una segunda ronda se llevará a cabo a finales de este 2024, por lo que la decisión final de los ganadores tomará meses, y deberá ser aprobado por el Departamento del Tesoro de EE.UU., organismos que ha protegido a la refinería de los acreedores desde el gobierno de Donald Trump.

A pesar de las negociaciones entre la junta ad hoc y los tenedores de bonos, aún no se han anunciado acuerdos. La última decisión da prioridad en los pagos a la minera canadiense Crystallex (con la que llevan un año en conversaciones y empresa que exige 990 millones de dólares), Tidewater, Conoco, OI Vidrio y Huntington Ingalls.

Derechos sobre subasta de Citgo

La decisión se produce tres semanas después de que un juez de E.E.UU. concediera que un grupo de diez acreedores participen en el reparto de los beneficios de la subasta.

El fallo permitirá que otras empresas como Siemens Energy, Rusoro Mining, O-I Glass o Huntington Ingalls participen, junto a la minera canadiense Crystallex y la petrolera estadounidense ConocoPhillips -quienes ya tenían el derecho-, en la subasta de la empresa que está bajo el control de opositores desde enero de 2019 por orden del gobierno de Donald Trump.

La decisión aún requiere que las diez compañías cumplan con la fecha límite del 12 de enero para emitir órdenes de embargo contra la compañía. “OI Glass, Huntington Ingalls, ACL1 Investments, Rusoro Mining, Koch Industries y Gold Reserve pueden tener reclamaciones consideradas como sentencias adicionales”. El juez estadounidense, Leonard Stark, también falló a favor de la moción de ENR1n.DE, empresa que solicitaba se designada como acreedor adicional.

Negociación con Venezuela

El medio señala que los acreedores estaban “tratando de participar” en una posible negociación con el gobierno de Venezuela para poner fin a la demanda.  “Las conversaciones han sido intermitentes durante meses con los tenedores de miles de millones de dólares adeudados por expropiaciones de activos y bonos venezolanos en mora que buscan resolver sus reclamos”, señala.

Las empresas adicionales argumentaron ante la corte que “necesitaban” tener el mismo estatus que las estatales norteamericana para “proteger sus intereses” en caso de un acuerdo; así como la organización de créditos.

“Seguimos comprometidos a buscar todas las vías legales disponibles para proteger nuestros derechos y obtener una recuperación completa y justa”, comentó un portavoz de Conoco en respuesta sobre las conversaciones.

Corte Suprema

La Corte Suprema de EE.UU. rechazó por separado la medida de Venezuela de limitar el número de empresas que podrían participar en la subasta, lo que abre la posibilidad de que “cualquier acreedor adicional” obtenga ganancias.

“En caso de que alguna de las partes del proceso de venta se proponga resolver sus diferencias con cualquiera de las partes de Venezuela, los seis acreedores, los cuatro acreedores más y cualquier otra entidad interesada tendrán la oportunidad de ser escuchados sobre si el tribunal debe aprobar dicha un acuerdo y, si lo hace, sobre cómo la posible resolución o acuerdo podría afectar el proceso de venta”, escribió el juez en su orden.

Acerca de las reclamaciones, el funcionario judicial encargado del caso, Robert Pincus, dijo los primeros días de enero que las reclamaciones no deberían acelerarse ni priorizarse antes de la fecha límite, debido a que -según dijo- hacerlo “interrumpiría un proceso cuidadosamente considerado y aprobado hace meses por orden del tribunal”.

Posición del gobierno

El gobierno de Nicolás Maduro rechazó la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. de conceder a acreedores derechos sobre subasta de acciones de Citgo.

“Esta decisión constituye un paso adicional en la agresión multiforme que se ejecuta desde las instituciones de los Estados Unidos contra Venezuela, con el propósito de expoliar al pueblo venezolano los activos que le pertenecen, en clara transgresión de las normas que rigen la convivencia pacífica entre los Estados”, se lee en un comunicado divulgado por la Cancillería el 9 de enero.

En el documento, el Estado señaló que el fallo de la Corte Suprema “confirma el grave perjuicio causado a los intereses y el patrimonio del pueblo venezolano por la acción criminal del grupo de delincuencia organizada autodenominado ‘Asamblea Nacional de 2015’ que, desde el año 2019, ha pretendido usurpar las instituciones y la representación de la República en el extranjero”.

De acuerdo con la Cancillería, las acciones de EE. UU. y la oposición han impedido al Estado ejercer la efectiva protección de Citgo dentro del territorio estadounidense, lo que, denunció, vulnera flagrantemente los acuerdos suscritos en Barbados.

Venezuela ratificó que seguirá adoptando todas las medidas políticas, diplomáticas y jurídicas a su disposición para evitar “la consumación del despojo definitivo de la empresa Citgo”.

Postura de la oposición

La junta administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa ad hoc) afirmó que la reciente decisión de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito del Distrito de Delaware, Estados Unidos, contiene “hechos errados” que deben ser evaluados.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, antes Twitter, aseguró que el fallo expresa que el gobierno interino de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional electa en 2015 utilizaron “directamente” los fondos de las subsidiarias de la estatal en el país norteamericano, alegato que tilda como “falso”.

“Este último punto es altamente preocupante, ya que, en un sistema de estado de derecho, se esperaría una apreciación cuidadosa de la evidencia, cosa que no ha ocurrido cuando la Corte de Distrito expresa que el gobierno de Juan Guaidó ha utilizado directamente fondos de las subsidiarias de Pdvsa en los Estados Unidos, baipaseando los derechos corporativos de Pdvsa”, detalla.

Ante esto, expone que las supuestas transacciones “nunca se hicieron” puesto que viola el propio Estatuto de la Transición y el Decreto que rige a la junta ad hoc. Asimismo, señala que los activos de Pdvsa en EE.UU. se encuentran “bloqueados” por lo que los miembros de la directiva no tienen acceso a los mimos. 

¿Cómo impacta a Venezuela el regreso de las compañías petroleras extranjeras?

La flexibilización del embargo petrolero que EE.UU. impuso a Venezuela permite a la golpeada industria del país caribeño recuperar viejos canales para vender su crudo y retomar sociedades con empresas extranjeras, aunque se trata de un proceso que, según expertos, tomará tiempo.

¿Qué socios se reactivan?

Venezuela firmó a finales del año pasado contratos con la francesa Maurel & Prom y la española Repsol, cuyas especificaciones son confidenciales, para la explotación de petróleo y gas. Estos convenios, dijo a la AFP el experto petrolero Rafael Quiroz, permitirán “amortiguar” deuda con estas compañías.

La deuda total de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) con sus socios y contratistas está estimada en unos 15.000 millones de dólares.

Los pasivos de PDVSA con Maurel & Prom rondan los 900 millones de dólares y con Repsol, los 340 millones, según datos proporcionados por estas empresas.

Los nuevos contratos permitirán reinvertir en proyectos conjuntos y generar ingresos por recaudación de impuestos, sostiene Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker, en la Universidad de Rice, en Texas.

Los beneficios podrían distribuirse “un tercio (en deuda), un tercio (en reinversión) y un tercio (en impuestos)”, proyectó Monaldi en declaraciones a la AFP.

La estadounidense Chevron ya había reanudado operaciones en Venezuela en junio pasado, tras recibir el aval de EE.UU. El país sudamericano suscribió igualmente en diciembre un acuerdo con Shell para producir y exportar gas junto a Trinidad y Tobago.

¿Cuánto puede crecer la producción?

Venezuela, que producía 3 millones de barriles diarios (bd) cuando Hugo Chávez llegó al poder hace 25 años, vio caer su producción por debajo del medio millón en enero de 2021. La cifra cerró en 800.000 bd en 2023, de acuerdo con la OPEP.

PDVSA apuesta por “un incremento acelerado” en 2024, pero las previsiones de expertos plantean que la flexibilización de las sanciones tendrán un impacto modesto.

Los contratos firmados podrían llevar la oferta venezolana a los 900.000 bd o, en un escenario favorable, el millón que el gobierno del presidente Nicolás Maduro promete año tras año.

Maurel & Prom proyectó que podría producir en Venezuela entre 20.000 y 24.000 barriles diarios en 2024.

Repsol, por su parte, dijo a la AFP que espera “un aumento sustancial”, sin dar cifras.

Expertos calculan que los convenios con Repsol y Chevron podrían aportar unos 100.000 bd a la producción venezolana.

“Todo eso, obviamente, dependerá de que siga la licencia general (otorgada por Estados Unidos para la explotación de petróleo y gas en Venezuela pese a las sanciones) y que obviamente siga todo funcionando”, agregó Monaldi.

¿Y los ingresos?

Los ingresos de PDVSA se duplicaron en un año, al pasar de 3.000 millones de dólares en 2022 a 6.320 millones de dólares en 2023, según datos revelados recientemente por el gobierno. Sin embargo, esta cifra es bastante inferior a las estimaciones independientes, en torno a unos 10.000 millones de dólares.

En 2024, “le estarían entrando como 16.000 millones de dólares” a Venezuela, estimó Monaldi. “Es un incremento muy importante. Entonces, los contratos no solo servirán para pagar deuda, sino también para que haya más ingreso”, agrega.

Economistas coinciden, no obstante, que el aumento de la renta petrolera no se traducirá en principio en una mejoría inmediata para el ciudadano de a pie.

Los venezolanos enfrentan una inflación crónica, así como una constante depreciación de la moneda local.

¿Qué pasa si se revierte la flexibilización?

Estados Unidos levantó el embargo hasta abril tras un acuerdo en octubre entre el gobierno de Maduro y la oposición sobre las elecciones presidenciales este año.

Los expertos ven poco probable que la flexibilización de sanciones se revierta, debido a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania.

“Si la licencia se mantiene y se consolida este proceso, pudiera haber otras empresas que llegaran”, indica Monaldi, que advierte que para llegar a 2 millones de bd se necesitaría una inversión de 100.000 millones de dólares en siete años para recuperar la deteriorada infraestructura de la industria venezolana.

Quiroz subraya que PDVSA “no tiene un centavo para invertir”.

Depende así de socios extranjeros y, según advierte, “ninguna empresa transnacional va a venir a invertir sola”.

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