La activista de derechos humanos Rocío San Miguel se encuentra actualmente en un proceso judicial en Venezuela, acusada de supuesto terrorismo en una conspiración denunciada por el régimen. Sin embargo, ha pasado 44 días en prisión sin que se le permita designar oficialmente abogados, lo que le impide presentar una defensa adecuada y demostrar su inocencia antes de que venza el plazo para presentar pruebas.
La falta de permitir que Rocío San Miguel tenga representación legal adecuada ha generado preocupación entre su equipo de defensa y defensores de los derechos humanos. El abogado Joel García, parte del equipo que la asiste, ha expresado que esto puede ser una estrategia del régimen para asegurar una condena más fácil, al privarla de los medios necesarios para rebatir los cargos en un juicio oral y público.
En el proceso, Rocío San Miguel solo cuenta con defensores públicos nombrados por el tribunal, quienes no han impugnado los cargos en los plazos legales establecidos en el proceso penal. Esto ha llevado a que continúe privada de libertad sin la posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa.
Además, se ha destacado que los defensores públicos no han establecido comunicación con los familiares de San Miguel ni la han visitado en su lugar de reclusión. Esto ha generado preocupación adicional sobre la falta de acceso adecuado a la defensa legal y el respeto a los derechos procesales de la activista.
Rocío San Miguel, reconocida especialista en seguridad, defensa de la nación y directora de la ONG Control Ciudadano, fue detenida arbitrariamente junto a su hija el 9 de febrero de este año. Su detención se dio luego de que el fiscal del régimen, Tarek William Saab, vinculara a civiles y militares a una supuesta conspiración.
Desde su detención, diversas organizaciones nacionales e internacionales han exigido su liberación, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual fue cerrada por orden del régimen venezolano poco después de emitir su pronunciamiento.
Es importante resaltar que el proceso judicial de Rocío San Miguel ha estado marcado por la falta de acceso a una defensa legal adecuada, lo cual puede afectar su derecho a un juicio justo y el debido proceso. La situación ha generado preocupación en la comunidad internacional y en defensores de los derechos humanos, quienes continúan exigiendo un proceso transparente y respetuoso de los derechos fundamentales de Rocío San Miguel.
