Florida se Convierte en Epicentro de la Nueva Estrategia de Deportaciones del Gobierno de Trump
Donald Trump anunció este lunes el arresto de al menos 800 indocumentados en un ambicioso operativo de cinco días en Florida, coordinado entre diversas agencias federales y estatales. Este esfuerzo, que involucró a departamentos policiales locales, marca un hito en las políticas de control migratorio del país.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó a la prensa que entre los detenidos se encuentran un presunto asesino colombiano, supuestos miembros de las pandillas MS-13 y MS-18, así como un ciudadano ruso con una alerta roja de Interpol por homicidio involuntario. Este operativo representa la primera colaboración significativa entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la policía de Florida en la lucha contra la inmigración ilegal.
Leavitt enfatizó que este tipo de operaciones son solo el comienzo: “Estamos implementando esfuerzos a gran escala que involucran a nuestros socios estatales y locales para eliminar a los inmigrantes ilegales delincuentes de nuestras comunidades”.
A este operativo se suma el arresto de más de 100 indocumentados en un solo día en un bar de Colorado, lo que resalta la intensificación de las acciones de deportación bajo la administración de Trump. En el marco de los 100 días de su mandato, Leavitt y Tom Homan, designado como el ‘zar’ de la frontera, subrayaron la determinación del presidente para cumplir con su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas.
Bajo el liderazgo del gobernador republicano Ron DeSantis, Florida se ha convertido en un aliado clave del gobierno de Trump en la implementación de estas políticas. En febrero, DeSantis firmó dos leyes que endurecen las condiciones para los inmigrantes indocumentados, facilitando la aplicación de la agenda migratoria del presidente.
Estas iniciativas establecen sanciones más severas para los inmigrantes que cometen delitos, exigen requisitos más estrictos para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y modifican el controvertido programa estatal de transporte de migrantes. Además, la legislación otorga a la policía de Florida la autoridad para cuestionar el estatus legal de los residentes, lo que ha generado críticas por posibles prácticas discriminatorias.
Con estos nuevos enfoques, el gobierno de Trump y sus aliados en Florida buscan redefinir el panorama migratorio en el país, intensificando la presión sobre los indocumentados y sus comunidades.
