Las Fuerzas Armadas de Ecuador anunciaron que han arrebatado el control de varias cárceles al crimen organizado como parte de una ofensiva contra el narcotráfico y las bandas delictivas. Desde el inicio del “conflicto armado interno” contra el crimen organizado en el país andino, las operaciones militares han tenido como objetivo principal recuperar el control de estos centros penitenciarios, catalogando a las bandas criminales como terroristas.
Las prisiones se han convertido en el epicentro de las acciones emprendidas por las fuerzas estatales para combatir el crimen organizado. Se han llevado a cabo numerosas redadas para incautar armas y objetos prohibidos que las bandas delictivas mantenían ocultos en las cárceles. Durante estos operativos, se han decomisado grandes arsenales de armas y drogas, y en algunos casos, ha sido necesario romper paredes o techos falsos para encontrar los escondites utilizados por estas organizaciones criminales.
Las Fuerzas Armadas tienen la intención de mantener su presencia dentro de las prisiones durante el tiempo que sea necesario. El jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, ha afirmado que estos espacios fueron durante mucho tiempo bases para el crimen organizado y escenarios de conflicto entre bandas rivales que luchaban por el control de las cárceles.
El objetivo principal es evitar que las bandas criminales, especialmente aquellas involucradas en el narcotráfico, retomen el control de los centros penitenciarios. Desde 2020, se han producido una serie de masacres carcelarias en las que han perdido la vida más de 450 reclusos debido a rivalidades entre estas organizaciones delictivas.
Una de las prisiones que ha sido testigo de estas masacres es la cárcel de Latacunga, la segunda más grande de Ecuador. Recientemente, se permitió el acceso de periodistas a esta prisión, quienes pudieron constatar el cambio en su funcionamiento desde que los militares asumieron temporalmente la custodia en lugar del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria estatal.
La presencia militar ha traído consigo un nuevo orden en la prisión. Antes de la intervención, existía desorganización y los reclusos no recibían las tres comidas diarias, teniendo que pagar por ellas. Además, algunos presos tenían privilegios y controlaban diferentes aspectos de la vida en la cárcel. Con la presencia militar, se ha establecido un trato igualitario para todos los reclusos, quienes ahora reciben las tres comidas diarias y se encargan de tareas de limpieza y mantenimiento del centro carcelario.
Si bien se espera que el SNAI recupere su competencia interna sobre las prisiones una vez que la situación esté estabilizada, el presidente Daniel Noboa ha planteado la posibilidad de que los militares continúen encargándose permanentemente del control de acceso a los recintos carcelarios. Esta propuesta se someterá a consideración en un referéndum que se celebrará en abril.
